La fiscalía y una comisión antimafias de la ONU en Guatemala desmontaron este jueves otra red de corrupción en el país, esta vez en la institución encargada de recaudar impuestos y que involucra a un diputado, exfuncionarios y empresarios.

La fiscal general Thelma Aldana dijo a periodistas que entre 2011 y 2014 se tejió una estructura que cobró al menos 2,5 millones de dólares en comisiones ilícitas a empresas para favorecer la "agilización irregular" del pago de la devolución fiscal.

Las fuerzas de seguridad realizaron este jueves 30 allanamientos en la capital y arrestaron a Rudy Villeda, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ente recaudador de impuestos, y a siete empresarios.

Entre los clientes de la red ilegal, que era operada por el extrabajador de la SAT Giovanni Marroquín, figuran al menos nueve empresas metalúrgicas, de palma africana, licores e ingenios azucareros, entre otras.

Marroquín se encuentra en prisión desde 2015 vinculado a una estafa en las aduanas que obligó a renunciar al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la red que recibía sobornos a cambio de la exoneración de impuestos de importación.

El nuevo caso revelado por la fiscalía y la Cicig involucró al empresario azucarero Mario Leal, quien en 2015 acompañó como candidato vicepresidencial a la exprimera dama Sandra Torres por el partido socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Leal, quien probablemente se encuentra en República Dominicana desde 2016, fue "intermediario" entre algunas empresas y la red ilícita en la SAT, detalló de su lado el exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.

La fiscalía y la Cicig también pidieron quitar la inmunidad al diputado Felipe Alejos, del partido derechista TODOS y actual vicepresidente del Congreso, por presunto intermediario entre la red y empresarios.

También solicitaron levantar los fueros del juez Adrián Rodríguez por el delito de prevaricato por presuntamente favorecer a la organización en procesos legales.

Otros exfuncionarios de la SAT procesados por la estafa en las aduanas en 2015 también fueron incluidos en la nueva trama de sobornos, puntualizó la fiscal.